Castañeda canceló el proyecto Río Verde para financiar el bypass en la avenida 28 de Julio (cuyo proyecto no siguió el procedimiento habitual), pero parece que le salió el tiro por la culata. Porque el procurador anticorrupción, Joel Segura, esta que le sigue los pasos, por esta obra. Por este bypass, se tuvo que cancelar el proyecto de 250 mil metros cuadrados de áreas verdes (con espacios recreacionales y culturales), también la construcción de un complejo multifamiliar en Campoy, San Juan de Lurigancho, que iba a reubicar a 265 familias de la comunidad Shipibo-Konibo. El proyecto iba a beneficiar a cinco distritos.
Parece que Castañeda canceló el proyecto Río Verde para financiar el bypass en la avenida 28 de Julio (cuyo proyecto no siguió el procedimiento habitual), pero parece que le salió el tiro por la culata. Porque el procurador anticorrupción, Joel Segura, esta que le sigue los pasos, por esta obra. Por este bypass, se tuvo que cancelar el proyecto de 250 mil metros cuadrados de áreas verdes (con espacios recreacionales y culturales), también la construcción de un complejo multifamiliar en Campoy, San Juan de Lurigancho, que iba a reubicar a 265 familias de la comunidad Shipibo-Konibo. El proyecto iba a beneficiar a cinco distritos.
El integrante de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, Natalie Condori, anunció que se citará al alcalde Luis Castañeda, para que explique los motivos de la cancelación del proyecto Río Verde. Esperemos que no vaya a huir otra vez del llamado del congreso, como días anteriores.
Además, la decisión del alcalde de cancelar el proyecto Río Verde, provocó que la comunidad Shipibo Konibo de Cantagallo presente una demanda de amparo constitucional, acudirán a las Naciones Unidas para evitar que sus derechos sean vulnerados.
Decidió cancelar los procesos de licitación de los tres corredores complementarios que todavía no entraban en operaciones y que fueron planificados durante la administración de Susana Villarán. Viendo Castañeda se ha metido en la cabeza, acabar con todo lo que hizo la anterior gestión. Se supone que él tuviera que mejorar esos proyectos, no arruinarlos.
Las rutas iban a ser: Panamericana Norte-Vía Evitamiento-Panamericana Sur; San Juan de Lurigancho-Abancay-Brasil; y Carretera Central-Venezuela.
En la página de la Municipalidad de Lima se publicó la modificación de la Ordenanza N°1599-MML, que lo único que hará será beneficiar a los malos conductores. En la nueva ordenanza dice que ahora se eliminaran las multas para las empresas que trabajen con choferes con más de 100 puntos en el Registro Nacional de Sanciones o que mantengan vigentes dos faltas muy graves, cinco graves o una falta muy grave y tres graves al mismo tiempo. Esto significa que todos los asesinos que están detrás del volante nunca van a pagar por sus crímenes, qué ahora ya no vamos a poder ni salir a la calle, porque nos pueden matar y va a quedar impune. O solo esta ordenanza va a cambiar si a alguien de poder lo matan o lo dejen herido, ¿esto están esperando?, ¿por qué el Presidente Humala no habla sobre esto?
Eso no es todo.
La Municipalidad de Lima, dejó sin efecto el contrato de concesión del teleférico. Se señala que la compañía no había cumplido con pagar una garantía de US$ 600 mil, para iniciar la construcción. El gerente general de la Operadora de Teleféricos, afirmó que sí habían cumplido con lo estipulado en el contrato. Dijo que antes del inicio de la obra les notificaron algunas observaciones, que un mes después las subsanaron y se lo comunicaron a la Municipalidad de Lima, pero esta nunca les respondió. Solo recibieron una resolución que cancelaba el contrato de concesión. La empresa ya había invertido US$ 2 millones en la elaboración de los estudios. Lo único que ha hecho la Municipalidad es cerrar el Parque de la Muralla, donde se iba a construir el teleférico.